No hay ninguna ayuda aprobada que suponga subvencionar estos servicios durante el estado de alarma, pero los servicios de comunicaciones electrónicas están garantizados mientras esté en vigor el estado de alarma, por lo que en ese período no pueden interrumpirse por impago.

Mientras esté en vigor el estado de alarma, los operadores de telecomunicaciones deben mantener los servicios de comunicaciones electrónicas contratados por todos sus clientes y no podrán suspenderlos o interrumpirlos aunque conste dicha posibilidad en el contrato de servicios que se haya suscrito.

En este momento todavía no, pero el gobierno esta estudiando la suspensión del pago del alquiler en viviendas y locales, pero aun no se ha aprobado nada. En principio las medidas que se estan planteando son dos meses de moratoria prorrogables y compensación a los propietarios, pero como he dicho antes, todavia no hay nada y no se sabe si habrá alguna medida.

Nuestra recomendación es que pacteis con el casero una rebaja del 50% mientras dure la alerta o bien una moratoria en el pago del alquiler. Estas cosas se estan haciendo y se estan consiguiendo.

Los inquilinos de vivienda habitual que se encuentren en situación de vulnerabilidad económica debido al COVID-19 pueden solicitar un aplazamiento temporal y extraordinario del pago de la cuota de alquiler.

Por su parte, las obligaciones de los arrendadores varían en función de si se trata de empresas o “grandes tenedores” (más de 10 viviendas en propiedad) o de particulares (menos de 10 viviendas en propiedad). En el primer caso, deberán optar entre la reducción de renta en un 50% o una moratoria en el pago mientras que dure el estado de alarma y hasta un máximo de cuatro meses después. Si el arrendatario es un particular, deberá comunicar al inquilino las condiciones de aplazamiento o fraccionamiento o las posibles alternativas. Si no llegaran a ningún acuerdo, el arrendatario en situación de vulnerabilidad podría acudir al programa de ayudas del RDL 11/2020 art.9.

Bajo solicitud del inquilino y aceptación del arrendador, podrá aplicarse una prórroga extraordinaria por un periodo máximo de seis meses a los contratos que concluyan entre el día 2 de abril de 2020 y los dos meses siguientes a la finalización del estado de alarma.

Si cuando se reinicien los trámites de desahucio, el inquilino puede demostrar que se encuentra en situación de vulnerabilidad social o económica, debido a la paralización de la actividad por el covid-19, y que le resulta imposible encontrar otra vivienda para sí mismo y las personas que convivan con él en la vivienda arrendada, se comunicará a los servicios sociales y se decretará la suspensión del lanzamiento con carácter retroactivo y por un periodo máximo de 6 meses.

En el caso de que el arrendador acredite estar igualmente en una situación de vulnerabilidad derivada de la crisis sanitaria, se hará saber a los servicios sociales competentes para su consideración sobre el plazo de suspensión extraordinaria y las medidas de protección social a adoptar.

Al igual que explicábamos en el punto anterior y teniendo en cuenta que el estado de alarma establecía que se suspendían los términos y se interrumpían los plazos para la tramitación de los procedimientos de las entidades del sector público. Se entiende que, durante el tiempo que dure el estado de alarma, el plazo para superar la ITV queda en suspenso, reanudándose en el momento en que finalice dicha situación.

Por ello, el vehículo que circule, siempre cumpliendo el resto de las condiciones para circular en la situación de alarma, cuya ITV haya caducado en este período, podrá hacerlo sin riesgo a ser multado por ello.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que aquel otro vehículo que, antes del período de alarma ya la tuviese vencida podría ser multado por ello y su propietario sancionado como autor de una infracción grave con multa de 200 euros.

Recordemos que, según el Decreto, las personas únicamente podrán circular por las vías o espacios de uso público para la realización de actividades muy concretas y que deberán realizarse individualmente, salvo que se acompañe a personas con discapacidad, menores, mayores, o por otra causa justificada, recogida en el siguiente listado:

a) Adquisición de alimentos, productos farmacéuticos y de primera necesidad.

b) Asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios.

c) Desplazamiento al lugar de trabajo para efectuar su prestación laboral, profesional o empresarial.

d) Retorno al lugar de residencia habitual.

e) Asistencia y cuidado a mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad o personas especialmente vulnerables.

f) Desplazamiento a entidades financieras y de seguros.

g) Por causa de fuerza mayor o situación de necesidad.

h) Cualquier otra actividad de análoga naturaleza.

Igualmente, se permitirá la circulación de vehículos particulares por las vías de uso público para la realización de las actividades referidas en el apartado anterior o para el repostaje en gasolineras o estaciones de servicio.

En todo caso, en cualquier desplazamiento deberán respetarse las recomendaciones y obligaciones dictadas por las autoridades sanitarias.

El Real Decreto que aprobaba el estado de alarma, acordaba que se suspendían los términos y se interrumpían los plazos para la tramitación de los procedimientos de las entidades del sector público. De modo que los permisos y licencias de conducción, así como otras autorizaciones administrativas para conducir, cuyo periodo de vigencia venza durante el estado de alarma y sus sucesivas prórrogas, quedarán automáticamente prorrogados mientras dure dicho período y hasta sesenta días después de su finalización.

Mientras hay nómina como siempre se descuenta de forma normal, en el Caso de entrar en el ERTE como no habría nómina no se podría descontar y la empresa toma la responsabilidad para no dar bajas de asumir todas las cuotas asegurando que todos los trabajadores dados de alta en ADESLAS sigan dados de alta.
Al volver del ERTE en la siguiente nómina se regularizarían los cobros de la Cuota no abonada.

El Gobierno ha legislado interrumpir de forma excepcional los plazos establecidos para la devolución de productos comprados de forma presencial o en línea con el objetivo de evitar desplazamientos de los consumidores durante el estado de alarma para evitar contagios de coronavirus y garantizar el ejercicio del derecho de desistimiento, que en circunstancias normales está sujeto a un límite temporal de 15 días.

Si se han suspendido las clases, corresponde la devolución. «El consumidor tiene derecho al reembolso de la parte proporcional de las actividades no consumidas. Esto vale para cualquier actividad que se haya visto interrumpida por el estado de alarma. A partir de ahí, la formula puede ser diferente desde el reintegro del pago, hasta la compensación en las futuras mensualidades. Esto es aplicable a gimnasios, academias, cualquier tipo de actividad presencial y que se basa en un contrato que se va pagando mes a mes, segun», el portavoz de OCU, Enrique García.

La Agencia Tributaria ha considerado «especialmente importante» en las circunstancias actuales derivadas de la crisis sanitaria del Covid-19mantener la Campaña de la Renta en las fechas inicialmente previstas (inicio 1 de Abril al 30 de Junio), para que cuanto antes los contribuyentes puedan recibir sus devoluciones, dado que el 70% de las declaraciones salen a devolver y casi el 90% de las mismas se presentan por Internet.